Una vez más ha resumido su punto de vista: la independencia podría ser posible, pero sería muy empobrecedora para los catalanes.
¿Y para los españoles? Quizás podría ser hasta rentable, según algunos economistas.
Aquí os dejamos un artículo del blog de Mikel Buesa, sobre la independencia de Cataluña:
En las últimas semanas, desde que el nuevo gobierno de Cataluña ha descubierto que Montilla dejó el cargo y la Generalidad en la ruina, han arreciado las apelaciones a la independencia entre los nacionalistas moderados de CiU. El colofón lo ha puesto Jordi Pujol en un artículo titulado «Del Tribunal Constitucional a la independencia. Pasando por Quebec» publicado por el Centre d’Estudis que lleva su nombre. En él, no sin cierta confusión, el expresidente se queja de que su región sea como las demás de España debido a que «la puerta abierta a los hechos diferenciales … pronto se cerró» y ello ha hecho que se consolide «un modelo homogeneizador, de techo competencial muy bajo … y sometido a un creciente ahogo financiero». Y de ahí deduce que «la alternativa a esto ahora tan solo podría ser la independencia». Una alternativa que reconoce «de difícil realización» en el aspecto político, pues en el económico, dice, «una Catalunya independiente es viable».
Es este último argumento de Pujol, muy enraizado en los medios nacionalistas catalanes a pesar de que, salvo en un par de conferencias de Xavier Sala i Martín, éstos no han hecho el menor esfuerzo para analizar el asunto con rigor, el que me interesa discutir ahora, pues, en efecto, la independencia de Cataluña puede ser económicamente viable, aunque, sin duda, será muy empobrecedora para los catalanes. En uno de los capítulos de mi libro La crisis de la España fragmentada (Ediciones Encuentro, Madrid, 2010) he desarrollado los argumentos y los cálculos sobre los que se sustenta la afirmación precedente, por lo que el lector sabrá disculpar que aquí solo los resuma.
El punto de partida de cualquier evaluación prospectiva acerca de los efectos económicos de la secesión debe ser la consideración de lo que los economistas denominamos «efecto frontera». Este concepto —que fue acuñado por los profesores McCallum y Helliwell en Canadá al investigar las implicaciones de una hipotética independencia de Quebec, provincia ésta que parece interesar a Jordi Pujol y que menciona en el artículo antes citado— alude a los costes que, para comerciar, se derivan de la existencia de fronteras y que se manifiestan en el hecho de que los intercambios de mercancías y servicios son mucho más fáciles en el interior de cada país que con el exterior, incluso aunque se pertenezca a una unión aduanera.
Para Cataluña —cuyas exportaciones se dirigen en un 56,4% a las demás regiones de España y en una 23,9% a los otros países de la Unión Europea, y cuyas importaciones proceden de esos mismos ámbitos geográficos en un 43,9 y un 31,5%, respectivamente— las estimaciones de ese efecto frontera señalan que su comercio es 22 veces más intenso con el resto de España que con cualquier otro país del mundo en condiciones de tamaño y distancia equivalentes. Incluso en un trabajo reciente publicado por el IESE la estimación se eleva hasta una intensidad de 44 veces. Pues bien, la investigación económica ha puesto de relieve que, en los casos de secesión, el efecto frontera disminuye drásticamente. Por ejemplo, en las antiguas repúblicas soviéticas y yugoslavas se dividió entre tres y cinco. Y el efecto de esta reducción es equivalente al que se derivaría de la aparición de un arancel adicional al que ya existe con las áreas con las que se comercie.
Mis cálculos para Cataluña —que son bastante conservadores— señalan que una reducción a la mitad del efecto frontera —menos de lo que indican los casos aludidos—, derivada de la independencia, sería equivalente a la imposición de un arancel del 26% a sus exportaciones hacia el resto de España. A su coste habría que añadir el efecto de la Tarifa Exterior Común de la Unión Europea que, dada la composición del comercio exterior catalán, sería, en promedio, del 5,7%; y también los gastos derivados de los trámites aduaneros, inspección de mercancías en frontera, licencias y riesgo de cambio que, tomando como base los cálculos de la OCDE, pueden ser del 13%. En suma, de la independencia de Cataluña se derivará un aumento de los precios del 44,7% para sus exportaciones hacia las demás regiones españolas y del 18,7% para las que se orientan a los demás países europeos —donde el efecto frontera no cuenta—.
Este aumento de los precios conducirá, en virtud de la sensibilidad de la demanda con respecto a ellos, a una reducción de las exportaciones catalanas. Mis cálculos señalan una pérdida de mercados cercana a los 58.000 millones de euros; o lo que es lo mismo, a una disminución del 26,7% en el PIB de Cataluña. Naturalmente, una consecuencia inmediata de ello es la reducción del nivel de vida de la población, de manera que, con la independencia, la renta per capita de los catalanes caerá al nivel que ahora tienen los griegos, los eslovenos o los chipriotas.
La pérdida del nivel de vida no es el único efecto de esta economía de la secesión catalana. Otro aspecto interesante es el que reflejará el sector exterior. Cataluña obtiene en la actualidad un superávit comercial equivalente al 3,1% de su PIB. En realidad, su posición es muy cómoda con respecto al resto de España —con la que se anota un excedente del 10%— y más bien modesta con relación a los países europeos y al resto del mundo —con los que contabiliza unos déficits del –4,3 y el –2,6%, respectivamente—. Con la independencia todo esto cambiará. La relación con España se tornará deficitaria y, además, el desequilibrio con la Unión Europea aumentará. En suma, cabe esperar un déficit comercial equivalente al 18,8% del PIB. Dicho de otra manera, Cataluña acabará siendo la nación independiente más deficitaria del mundo, naturalmente siempre que encuentre quien financie su desequilibrio, pues si no es así, la crisis de su economía será aún más profunda de lo ya señalado y el empobrecimiento de sus habitantes más intenso de lo que antes he apuntado.
Y a todo lo anterior habrá que añadir la creación del Estado Catalán. Éste, teniendo una dimensión más bien pequeña que añadiera sólo unas pocas competencias imprescindibles a las de la actual Generalidad, no costaría menos de 58.089 millones de euros. Algunos argumentan que, con los actuales recursos de la Administración regional y los que se derivarían de dejar de pagar impuestos y cotizaciones sociales a España, bastarían. Sus cuentas —que sitúan la suma de todo ello en 67.480 millones— no tienen en cuenta, sin embargo, que si la economía reduce su tamaño, entonces también cae la recaudación fiscal. Mi estimación señala que la crisis provocada por la independencia dejará los ingresos del Estado Catalán, incluyendo la Seguridad Social, en 49.853 millones de euros, con lo que el nuevo gobierno nacerá a la soberanía con un déficit insostenible. Teniendo en cuenta que esa crisis dejará en el desempleo a más de un millón de trabajadores y que el coste de su protección puede sumar otros 9.256 millones al gasto público, ese déficit no será inferior al 11% del PIB.
En suma, en la Cataluña de la independencia los asuntos económicos irán mal, lo mismo que han ido mal en los países que, en los años noventa, lograron su soberanía por medio de procesos de secesión. Digamos que la independencia es posible aunque no promete la prosperidad sino el empobrecimiento.
