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lunes, 14 de marzo de 2011

La Generalitat ha recaudado más de 900000 euros en multas lingüísticas

El PP denuncia la «vergüenza democrática» que supone no poder usar el español. Exige al Govern que elimine unas sanciones que «no respetan la libertad de las personas».

Las elecciones del 16 de noviembre de 2003 supusieron la entrada del primer gobierno tripartito. Entonces,PSC, ERC e ICV comenzaron a aplicar la Ley de Política Lingüística aprobada por el Govern de CiU en 1998 y que establece sanciones para los comercios que no rotulan en catalán. Pujol no puso sanciones, pero todo cambió para los empresarios en 2003.

Aquel año, la Generalitat recaudó 1.200 euros por dos multas lingüísticas. Fue sólo el inicio.
Los años siguientes las sanciones fueron en aumento y, desde 2003, la Generalitat ha recaudado 901.450 euros por sancionar a empresarios como Manuel Nevot, propietario de una inmobiliaria de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) que presentó un recurso de apelación ante el Tribunal Constitucional después de que un juzgado barcelonés le diera la razón a la Generalitat tras ser multado con 800 euros por no rotular en castellano.

El PP, que había presentado una pregunta parlamentaria para conocer las sanciones impuestas el pasado año –205, con las que el Govern recaudó 182.525 euros–, denunció ayer «la vergüenza democrática que suponen las multas lingüísticas». El diputado y secretario general del PP catalán, Jordi Cornet, argumentó que «el PSC ha sido el principal instigador de las multas lingüísticas, que ascienden a 900.000 euros durante su mandato, por mucho que ahora, a dos meses de unas elecciones, renieguen de sus propias políticas».

Los populares recopilan las sanciones lingüísticas de 2004 a 2010 –un total de 811, por valor de 900.250 euros– para advertir que los socialistas «son los responsables de que las multas lingüísticas se hayan multiplicado exponencialmente en los últimos siete años». Cornet consideró que «no es normal que tengamos que recordar constatemente que en Cataluña tenemos dos lenguas oficiales y que los catalanes tenemos el derecho a expresarnos tanto en catalán como en castellano indistintamente». Por eso, los populares reclaman al Govern de CiU que aparque las multas lingüísticas «por ser un sinsentido, por ser discriminatorio y por no respetar la libertad de las personas».

La mayor parte de las multas lingüísticas de 2010 fueron impuestas en el Barcelonés (116) y el Baix Llobregat (22).

Santiago Espot, el «policía lingüístico» que quiere ser alcalde

Santiago Espot presumió en televisión de ejercer de «policía lingüístico», es decir, dedicarse a inventariar los negocios que no cumplen con la Ley de Política Lingüística para después advertir a la Generalitat. Denuncias como la suya han provocado el aluvión de multas lingüísticas que sufren centenares de empresarios en Cataluña, que apuestan por el castellano como idioma para sus negocios. Espot quiere ahora hacer carrera política y es uno de los candidatos del proceso de primarias de Solidaritat Catalana per la Independencia (SI), el conglomerado de partidos soberanistas que esta semana ha abandonado Joan Laporta. Mañana se sabrá si los militantes de SI le escogen para ser alcaldable por Barcelona.

lunes, 27 de diciembre de 2010

Multan por no usar el catalán

Hace unas semanas aparecía esta noticia en los medios de comunicación:

"C’s insta a los comerciantes multados por no rotular en catalán, a no pagar las sanciones hasta agotar la vía judicial"
(noticia íntegra: http://www.vozbcn.com/2010/12/13/46193/ciudadanos-multas-linguisticas-judicial/ ).

Este es sólo un ejemplo de la poca cultura que hay en Cataluña y el empeño por eliminar, de una vez por todas, el castellano en esta comunidad autónoma.

Es una vergüenza que dentro de un país se permita no rotular en castellano. Aquí obligan a base de multas a “normalizar” el catalán (entrecomillo la palabra normalizar porque a base de obligar no se consigue, claro), una lengua que está en decadencia.

En los últimos estudios (elaborados por la Secretaría de Política Lingüística y el Instituto d'Estadística de Catalunya) cifran en 35,6 % los habitantes que viven en Cataluña que hablan en catalán a nivel privado, frente a un 45,9 % que lo hacen en castellano, un 12 % en ambas lenguas indistintamente y un 6,4 % lo hacen en árabe y otras lenguas más. Viendo estos datos (públicos, por supuesto), ¿por qué seguir obligando a hablar el catalán? ¿Por qué marginar el castellano dentro de un mismo país?

Los “catalanistas” (que aún no sé qué quiere decir esa palabra) defienden estas medidas, ya que ellos entienden a la perfección esta lengua, pero ¿qué pasa con la gente que no sabe catalán? No entiendo cómo se permite esto; entiendo que se quiera poner en catalán pero también entiendo que es totalmente intolerable que se use sólo esta lengua. Como comunidad autónoma perteneciente a España y con el castellano (ahora español) idioma oficial, debería existir una dualidad en los rótulos, cartas de menús o cualquier documento oficial y que pueda ser leído por cualquier ciudadano.

¿Tanto cuesta poner “Bar-restaurante / Bar restaurant”?
Creo que no, no cuesta absolutamente nada. O a lo mejor me equivoco y sí cuesta: admitir algo innegable, algo oficial y constitucional: Cataluña pertenece a España, se quiera o no se quiera, y como tal debe rotularse cualquier establecimiento en, al menos, la lengua castellana. Si se quiere puede incluirse el catalán (siempre y cuando se respete el tamaño de fuente y estilo para no infravalorar ninguna de las dos lenguas).