lunes, 14 de marzo de 2011

Carod-Rovira se gastó 40.000 euros en un viaje de dos días a Jordania e Israel

La diplomacia catalana tiene su coste y aunque su responsable, Josep Lluís Carod-Rovira, se empeñe en ocultarlo, siempre se acaba sabiendo.

El vicepresidente del Ejecutivo autonómico se gastó casi 40.000 euros en un viaje oficial a Jordania que tuvo lugar los días 18 y 19 de noviembre de 2008. El líder republicano aprovechó esa visita para desplazarse a Israel e intensificar la cooperación entre este país y Cataluña en materia de nuevas tecnologías de la comunicación y la gestión del agua. Una cooperación que posteriormente sería censurada por su socia de gobierno ICV tras estallar los conflictos en Gaza.

En respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el presidente del grupo parlamentario del PP de entonces, Daniel Sirera, la viceconsejera de Asuntos Exteriores, Roser Clavell -cargo de reciente creación con el que Carod quiso elevar de rango las competencias en esta materia-, explica que los billetes de avión costaron 19.066 euros, mientras que el alojamiento y la manutención ascendieron a 6.644 euros. 
El desplazamiento interno supuso un gasto de 9.233 euros y los servicios de intérprete, 3.845 euros.
En total, 38.789 euros destinados a un viaje donde la comitiva catalana estaba formada por el vicepresidente, la viceconsejera -entonces secretaria de Asuntos Exteriores- y el director de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo y Acción Humanitaria. También viajaron siete personas que ejercían las funciones de protocolo, prensa, intérprete y seguridad.

Carod se entrevistó en Jerusalén con el presidente del Estado de Israel, Simon Peres, con el viceministro de Asuntos Exteriores, Majali Whbee, y el ministro de Ciencia, Cultura y Deporte, Galeb Majadle. Asimismo, el número dos del Gobierno catalán se reunió en Amán con el ministro de Asuntos Exteriores de Jordania, Salaheddin Al-Bashir. En este caso, se firmó la adenda al convenio de colaboración con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), que contempla una partida de 556.000 euros para el diseño y desarrollo de políticas de salud sexual y reproductiva en Mozambique, Guatemala y Etiopía.

Mikel Buesa sobre la independencia de Cataluña

Una vez más ha resumido su punto de vista: la independencia podría ser posible, pero sería muy empobrecedora para los catalanes.
¿Y para los españoles? Quizás podría ser hasta rentable, según algunos economistas.

Aquí os dejamos un artículo del blog de Mikel Buesa, sobre la independencia de Cataluña:


Con el título ¿Una Cataluña independiente? he publicado un artículo en la Actualidad Económica un artículo en el que sintetizo los principales aspectos económicos del proyecto soberanista que tanto vuelo está adquiriendo en las últimas semanas en Cataluña. Para mi está claro que la independencia de Cataluña es un acontecimiento que pudiera tener lugar, pues la historia de las naciones nunca está escrita para siempre. Se me pregunta a veces si esa independencia sería viable. Mi respuesta es clara: sería viable pero empobrecedora para los catalanes. Esto es lo que creo que quienes propugnan la independencia no deberían ocultar; y los que tengan en su día la oportunidad de elegir no deben ignorar.
El texto de mi artículo lo transcribo a continuación:

En las últimas semanas, desde que el nuevo gobierno de Cataluña ha descubierto que Montilla dejó el cargo y la Generalidad en la ruina, han arreciado las apelaciones a la independencia entre los nacionalistas moderados de CiU. El colofón lo ha puesto Jordi Pujol en un artículo titulado «Del Tribunal Constitucional a la independencia. Pasando por Quebec» publicado por el Centre d’Estudis que lleva su nombre. En él, no sin cierta confusión, el expresidente se queja de que su región sea como las demás de España debido a que «la puerta abierta a los hechos diferenciales … pronto se cerró» y ello ha hecho que se consolide «un modelo homogeneizador, de techo competencial muy bajo … y sometido a un creciente ahogo financiero». Y de ahí deduce que «la alternativa a esto ahora tan solo podría ser la independencia». Una alternativa que reconoce «de difícil realización» en el aspecto político, pues en el económico, dice, «una Catalunya independiente es viable».

Es este último argumento de Pujol, muy enraizado en los medios nacionalistas catalanes a pesar de que, salvo en un par de conferencias de Xavier Sala i Martín, éstos no han hecho el menor esfuerzo para analizar el asunto con rigor, el que me interesa discutir ahora, pues, en efecto, la independencia de Cataluña puede ser económicamente viable, aunque, sin duda, será muy empobrecedora para los catalanes. En uno de los capítulos de mi libro La crisis de la España fragmentada (Ediciones Encuentro, Madrid, 2010) he desarrollado los argumentos y los cálculos sobre los que se sustenta la afirmación precedente, por lo que el lector sabrá disculpar que aquí solo los resuma.

El punto de partida de cualquier evaluación prospectiva acerca de los efectos económicos de la secesión debe ser la consideración de lo que los economistas denominamos «efecto frontera». Este concepto —que fue acuñado por los profesores McCallum y Helliwell en Canadá al investigar las implicaciones de una hipotética independencia de Quebec, provincia ésta que parece interesar a Jordi Pujol y que menciona en el artículo antes citado— alude a los costes que, para comerciar, se derivan de la existencia de fronteras y que se manifiestan en el hecho de que los intercambios de mercancías y servicios son mucho más fáciles en el interior de cada país que con el exterior, incluso aunque se pertenezca a una unión aduanera.

Para Cataluña —cuyas exportaciones se dirigen en un 56,4% a las demás regiones de España y en una 23,9% a los otros países de la Unión Europea, y cuyas importaciones proceden de esos mismos ámbitos geográficos en un 43,9 y un 31,5%, respectivamente— las estimaciones de ese efecto frontera señalan que su comercio es 22 veces más intenso con el resto de España que con cualquier otro país del mundo en condiciones de tamaño y distancia equivalentes. Incluso en un trabajo reciente publicado por el IESE la estimación se eleva hasta una intensidad de 44 veces. Pues bien, la investigación económica ha puesto de relieve que, en los casos de secesión, el efecto frontera disminuye drásticamente. Por ejemplo, en las antiguas repúblicas soviéticas y yugoslavas se dividió entre tres y cinco. Y el efecto de esta reducción es equivalente al que se derivaría de la aparición de un arancel adicional al que ya existe con las áreas con las que se comercie.

Mis cálculos para Cataluña —que son bastante conservadores— señalan que una reducción a la mitad del efecto frontera —menos de lo que indican los casos aludidos—, derivada de la independencia, sería equivalente a la imposición de un arancel del 26% a sus exportaciones hacia el resto de España. A su coste habría que añadir el efecto de la Tarifa Exterior Común de la Unión Europea que, dada la composición del comercio exterior catalán, sería, en promedio, del 5,7%; y también los gastos derivados de los trámites aduaneros, inspección de mercancías en frontera, licencias y riesgo de cambio que, tomando como base los cálculos de la OCDE, pueden ser del 13%. En suma, de la independencia de Cataluña se derivará un aumento de los precios del 44,7% para sus exportaciones hacia las demás regiones españolas y del 18,7% para las que se orientan a los demás países europeos —donde el efecto frontera no cuenta—.

Este aumento de los precios conducirá, en virtud de la sensibilidad de la demanda con respecto a ellos, a una reducción de las exportaciones catalanas. Mis cálculos señalan una pérdida de mercados cercana a los 58.000 millones de euros; o lo que es lo mismo, a una disminución del 26,7% en el PIB de Cataluña. Naturalmente, una consecuencia inmediata de ello es la reducción del nivel de vida de la población, de manera que, con la independencia, la renta per capita de los catalanes caerá al nivel que ahora tienen los griegos, los eslovenos o los chipriotas.

La pérdida del nivel de vida no es el único efecto de esta economía de la secesión catalana. Otro aspecto interesante es el que reflejará el sector exterior. Cataluña obtiene en la actualidad un superávit comercial equivalente al 3,1% de su PIB. En realidad, su posición es muy cómoda con respecto al resto de España —con la que se anota un excedente del 10%— y más bien modesta con relación a los países europeos y al resto del mundo —con los que contabiliza unos déficits del –4,3 y el –2,6%, respectivamente—. Con la independencia todo esto cambiará. La relación con España se tornará deficitaria y, además, el desequilibrio con la Unión Europea aumentará. En suma, cabe esperar un déficit comercial equivalente al 18,8% del PIB. Dicho de otra manera, Cataluña acabará siendo la nación independiente más deficitaria del mundo, naturalmente siempre que encuentre quien financie su desequilibrio, pues si no es así, la crisis de su economía será aún más profunda de lo ya señalado y el empobrecimiento de sus habitantes más intenso de lo que antes he apuntado.

Y a todo lo anterior habrá que añadir la creación del Estado Catalán. Éste, teniendo una dimensión más bien pequeña que añadiera sólo unas pocas competencias imprescindibles a las de la actual Generalidad, no costaría menos de 58.089 millones de euros. Algunos argumentan que, con los actuales recursos de la Administración regional y los que se derivarían de dejar de pagar impuestos y cotizaciones sociales a España, bastarían. Sus cuentas —que sitúan la suma de todo ello en 67.480 millones— no tienen en cuenta, sin embargo, que si la economía reduce su tamaño, entonces también cae la recaudación fiscal. Mi estimación señala que la crisis provocada por la independencia dejará los ingresos del Estado Catalán, incluyendo la Seguridad Social, en 49.853 millones de euros, con lo que el nuevo gobierno nacerá a la soberanía con un déficit insostenible. Teniendo en cuenta que esa crisis dejará en el desempleo a más de un millón de trabajadores y que el coste de su protección puede sumar otros 9.256 millones al gasto público, ese déficit no será inferior al 11% del PIB.

En suma, en la Cataluña de la independencia los asuntos económicos irán mal, lo mismo que han ido mal en los países que, en los años noventa, lograron su soberanía por medio de procesos de secesión. Digamos que la independencia es posible aunque no promete la prosperidad sino el empobrecimiento.

El PP reclama primar la crisis y no el soberanismo

El presidente del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández, recordó ayer sus pinitos en política, como líder de las juventudes populares.

En el acto de clausura del IV Campus de Nuevas Generaciones de Cataluña recordó a los jóvenes del PP que la prioridad de cara al 22 de mayo «no puede ser salir de España, sino salir de la crisis». Fue un mensaje bidireccional, además de a los jóvenes, Fernández se dirigió, sobre todo, a sus adversarios en la carrera por la alcaldía de Barcelona. Especialmente, a CiU y a ERC.
El popular avisó que la recuperación de la mejor Barcelona no pasa por priorizar la consulta soberanista del 10 de abril. Y añadió que el PP es la única garantía de un cambio real, tras acusar a CiU de aspirar a compartir proyecto político e ideológico con el PSC.




Por lo visto, para los independentistas es más importante defender una utopía que luchar todos contra la crisis.
¿Dónde vamos a llegar con los políticos de Cataluña, que se creen mesías de su pueblo?
Acabemos con la crisis y dejémonos de tonterías, por favor.

La Generalitat ha recaudado más de 900000 euros en multas lingüísticas

El PP denuncia la «vergüenza democrática» que supone no poder usar el español. Exige al Govern que elimine unas sanciones que «no respetan la libertad de las personas».

Las elecciones del 16 de noviembre de 2003 supusieron la entrada del primer gobierno tripartito. Entonces,PSC, ERC e ICV comenzaron a aplicar la Ley de Política Lingüística aprobada por el Govern de CiU en 1998 y que establece sanciones para los comercios que no rotulan en catalán. Pujol no puso sanciones, pero todo cambió para los empresarios en 2003.

Aquel año, la Generalitat recaudó 1.200 euros por dos multas lingüísticas. Fue sólo el inicio.
Los años siguientes las sanciones fueron en aumento y, desde 2003, la Generalitat ha recaudado 901.450 euros por sancionar a empresarios como Manuel Nevot, propietario de una inmobiliaria de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) que presentó un recurso de apelación ante el Tribunal Constitucional después de que un juzgado barcelonés le diera la razón a la Generalitat tras ser multado con 800 euros por no rotular en castellano.

El PP, que había presentado una pregunta parlamentaria para conocer las sanciones impuestas el pasado año –205, con las que el Govern recaudó 182.525 euros–, denunció ayer «la vergüenza democrática que suponen las multas lingüísticas». El diputado y secretario general del PP catalán, Jordi Cornet, argumentó que «el PSC ha sido el principal instigador de las multas lingüísticas, que ascienden a 900.000 euros durante su mandato, por mucho que ahora, a dos meses de unas elecciones, renieguen de sus propias políticas».

Los populares recopilan las sanciones lingüísticas de 2004 a 2010 –un total de 811, por valor de 900.250 euros– para advertir que los socialistas «son los responsables de que las multas lingüísticas se hayan multiplicado exponencialmente en los últimos siete años». Cornet consideró que «no es normal que tengamos que recordar constatemente que en Cataluña tenemos dos lenguas oficiales y que los catalanes tenemos el derecho a expresarnos tanto en catalán como en castellano indistintamente». Por eso, los populares reclaman al Govern de CiU que aparque las multas lingüísticas «por ser un sinsentido, por ser discriminatorio y por no respetar la libertad de las personas».

La mayor parte de las multas lingüísticas de 2010 fueron impuestas en el Barcelonés (116) y el Baix Llobregat (22).

Santiago Espot, el «policía lingüístico» que quiere ser alcalde

Santiago Espot presumió en televisión de ejercer de «policía lingüístico», es decir, dedicarse a inventariar los negocios que no cumplen con la Ley de Política Lingüística para después advertir a la Generalitat. Denuncias como la suya han provocado el aluvión de multas lingüísticas que sufren centenares de empresarios en Cataluña, que apuestan por el castellano como idioma para sus negocios. Espot quiere ahora hacer carrera política y es uno de los candidatos del proceso de primarias de Solidaritat Catalana per la Independencia (SI), el conglomerado de partidos soberanistas que esta semana ha abandonado Joan Laporta. Mañana se sabrá si los militantes de SI le escogen para ser alcaldable por Barcelona.

miércoles, 2 de febrero de 2011

Trias y Portabella piden al Parlament que ignore al TS y defienda la inmersión

El pleno municipal votará el viernes un texto para cerrar el paso al castellano.

Los presidentes municipales de CiU y ERC, Xavier Trias y Jordi Portabella, respectivamente, aprobaron el lunes una declaración en la que se insta al Parlament a que rechace las sentencias del Tribunal Supremo (TS) que abren la puerta a convertir el castellano en lengua vehicular de la enseñanza.




La última sentencia del TS reclama para el castellano el mismo trato que para el catalán. De hecho, ya son tres las sentencias que se han pronunciado contra la inmersión lingüística de Cataluña. Por ello, Portabella y Trias abogan por que el Ayuntamiento «haga llegar a todos los centros escolares de Barcelona nuestro apoyo explícito» al modelo escolar. La declaración tendrá que ser votada en el próximo pleno municipal.

En cualquier caso, el documento se basa en tres puntos a los que cada uno de los dos presidentes municipales aporta su propio punto de vista. Trias señala que se trata de «la primera agresión directa al Estatut» y lo hace, además, «contra un aspecto nuclear como es la inmersión lingüística, un modelo elogiado internacionalmente». El convergente también recuerda que la Defensora del Pueblo manifestó que «sólo se puede regular la obligatoriedad del castellano, porque lo reconoce la Constitución y porque el catalán es una lengua “para usar en la intimidad, con la familia”».

Portabella, por su parte, apunta que «después de dos décadas de inmersión lingüística, el modelo garantiza que los estudiantes consiguen unos conocimientos correctos de castellano y catalán». El republicano se escuda, además, en una sentencia del propio TS de 2009 en la que el Alto Tribunal rechazó pronunciarse sobre la lengua escolar porque «instruir en la lengua escogida llevaría a resultados absurdos, ya que todo el mundo podría reivindicar una instrucción en cualquier lengua, en cualquiera de los territorios».

Así las cosas, la declaración municipal acuerda «manifestar nuestro rechazo a las sentencias del TS», «expresar nuestro apoyo al sistema de inmersión lingüística» e «instar al Parlament a rechazar las sentencias y cumplir la Ley de Educación de Cataluña».

La última sentencia del TS viene motivada por la denuncia de unos padres que no podían matricular a sus hijos en castellano. Por ello, el Tribunal Supremo señaló que el sistema de educación debe garantizar la presencia «equitativa» del castellano respecto al catalán; y que cualquier comunicación oral o escrita que emitan los centros educativos deberán estar escritas en las dos lenguas.

Aliados en la Generalitat

La flamante consejera de Enseñanza, Irene Rigau, ya ha dejado claro que la resistencia a las sentencias del Tribunal Supremo tiene aliados en la Generalitat. Rigau señaló «a partir de estas sentencias se ha podido demostrar que lo que preocupa es la identidad de Cataluña. Esta identidad se ve amenazada cuando se cuestiona nuestro modelo lingüístico». Así, su propósito es defender con uñas y dientes el modelo escolar catalán.

Fuente: http://www.larazon.es/noticia/7072-trias-y-portabella-piden-al-parlament-que-ignore-al-ts-y-defienda-la-inmersion