El PP denuncia la «vergüenza democrática» que supone no poder usar el español. Exige al Govern que elimine unas sanciones que «no respetan la libertad de las personas».Las elecciones del 16 de noviembre de 2003 supusieron la entrada del primer gobierno tripartito. Entonces,PSC, ERC e ICV comenzaron a aplicar la Ley de Política Lingüística aprobada por el Govern de CiU en 1998 y que establece sanciones para los comercios que no rotulan en catalán. Pujol no puso sanciones, pero todo cambió para los empresarios en 2003.
Aquel año, la Generalitat recaudó 1.200 euros por dos multas lingüísticas. Fue sólo el inicio.
Los años siguientes las sanciones fueron en aumento y, desde 2003, la Generalitat ha recaudado 901.450 euros por sancionar a empresarios como Manuel Nevot, propietario de una inmobiliaria de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) que presentó un recurso de apelación ante el Tribunal Constitucional después de que un juzgado barcelonés le diera la razón a la Generalitat tras ser multado con 800 euros por no rotular en castellano.
El PP, que había presentado una pregunta parlamentaria para conocer las sanciones impuestas el pasado año –205, con las que el Govern recaudó 182.525 euros–, denunció ayer «la vergüenza democrática que suponen las multas lingüísticas». El diputado y secretario general del PP catalán, Jordi Cornet, argumentó que «el PSC ha sido el principal instigador de las multas lingüísticas, que ascienden a 900.000 euros durante su mandato, por mucho que ahora, a dos meses de unas elecciones, renieguen de sus propias políticas».
Los populares recopilan las sanciones lingüísticas de 2004 a 2010 –un total de 811, por valor de 900.250 euros– para advertir que los socialistas «son los responsables de que las multas lingüísticas se hayan multiplicado exponencialmente en los últimos siete años». Cornet consideró que «no es normal que tengamos que recordar constatemente que en Cataluña tenemos dos lenguas oficiales y que los catalanes tenemos el derecho a expresarnos tanto en catalán como en castellano indistintamente». Por eso, los populares reclaman al Govern de CiU que aparque las multas lingüísticas «por ser un sinsentido, por ser discriminatorio y por no respetar la libertad de las personas».
La mayor parte de las multas lingüísticas de 2010 fueron impuestas en el Barcelonés (116) y el Baix Llobregat (22).
Santiago Espot, el «policía lingüístico» que quiere ser alcalde
Los años siguientes las sanciones fueron en aumento y, desde 2003, la Generalitat ha recaudado 901.450 euros por sancionar a empresarios como Manuel Nevot, propietario de una inmobiliaria de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) que presentó un recurso de apelación ante el Tribunal Constitucional después de que un juzgado barcelonés le diera la razón a la Generalitat tras ser multado con 800 euros por no rotular en castellano.
El PP, que había presentado una pregunta parlamentaria para conocer las sanciones impuestas el pasado año –205, con las que el Govern recaudó 182.525 euros–, denunció ayer «la vergüenza democrática que suponen las multas lingüísticas». El diputado y secretario general del PP catalán, Jordi Cornet, argumentó que «el PSC ha sido el principal instigador de las multas lingüísticas, que ascienden a 900.000 euros durante su mandato, por mucho que ahora, a dos meses de unas elecciones, renieguen de sus propias políticas».
Los populares recopilan las sanciones lingüísticas de 2004 a 2010 –un total de 811, por valor de 900.250 euros– para advertir que los socialistas «son los responsables de que las multas lingüísticas se hayan multiplicado exponencialmente en los últimos siete años». Cornet consideró que «no es normal que tengamos que recordar constatemente que en Cataluña tenemos dos lenguas oficiales y que los catalanes tenemos el derecho a expresarnos tanto en catalán como en castellano indistintamente». Por eso, los populares reclaman al Govern de CiU que aparque las multas lingüísticas «por ser un sinsentido, por ser discriminatorio y por no respetar la libertad de las personas».
La mayor parte de las multas lingüísticas de 2010 fueron impuestas en el Barcelonés (116) y el Baix Llobregat (22).
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