A finales del pasado año, el Tribunal Supremo(TS) dictó tres sentencias que instaban a la Generalitat a introducir las medidas necesarias para convertir el castellano en lengua vehicular en la enseñanza.
La interpretación que se hizo entonces fue desigual: PP y Ciutadans urgieron el fin del modelo de inmersión lingüística que se aplica en Cataluña desde los ochenta –y que reafirma la Ley de educación–, mientras que el resto de partidos catalanes aseguraron que la sentencia no destruía el modelo porque se refería únicamente a casos puntuales. Sea como fuere, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha creído conveniente organizar hoy un acto para plantar cara a la doctrina del Supremo.
Mas recibirá esta tarde en la Generalitat a representantes de siete entidades que defienden el modelo lingüístico actual en la escuela y que son contrarias a la sentencia del TS. Las invitadas son Òmnium Cultural –la entidad que organizó la protesta del 10 de julio en contra de la sentencia del Estatut–, Plataforma per la Llengua, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Cataluña (FAPAC), el Centro Unesco de Cataluña, el sindicato de maestros USTEC y la Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica.
Todos estas entidades se reunirán con Mas y con la consellera de Enseñanza, Irene Rigau, con el propósito de cerrar filas en defensa del catalán en la escuela. La discrepancias lingüísticas encienden habitualmente los ánimos de los partidos políticas y acostumbran a desatar airadas acusaciones. Hoy la polémica está servida porque los defensores del bilingüismo no tardarán en protestar por este acto de desafío al Tribunal Supremo.
Las sentencias del Alto Tribunal se produjeron a raíz de los recursos de los padres de tres alumnos de Barcelona y Tarragona a los que la Generalitat impidió escolarizarse en castellano. El Supremo concluyó que el español debe ser «lengua vehicular de forma proporcional y equitativa en relación al catalán en todos los cursos del ciclo de enseñanza obligatoria», pero los partidos favorables a la inmersión (CiU, PSC, ERC e ICV) nunca se dieron por enterados y realizaron sendas declaraciones en favor del blindaje del catalán en la escuela.
Estos partidos se agarraron a que la sentencia del TS también abría la puerta a una discriminación positiva en favor del catalán en el caso de que la Generalitat apreciase «un déficit» en el proceso de normalización lingüística en Cataluña. Eso sí, el TS subrayó que la proporción debía ser «razonable». El PP insiste en una educación bilingüe.
La interpretación que se hizo entonces fue desigual: PP y Ciutadans urgieron el fin del modelo de inmersión lingüística que se aplica en Cataluña desde los ochenta –y que reafirma la Ley de educación–, mientras que el resto de partidos catalanes aseguraron que la sentencia no destruía el modelo porque se refería únicamente a casos puntuales. Sea como fuere, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha creído conveniente organizar hoy un acto para plantar cara a la doctrina del Supremo.
Mas recibirá esta tarde en la Generalitat a representantes de siete entidades que defienden el modelo lingüístico actual en la escuela y que son contrarias a la sentencia del TS. Las invitadas son Òmnium Cultural –la entidad que organizó la protesta del 10 de julio en contra de la sentencia del Estatut–, Plataforma per la Llengua, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Cataluña (FAPAC), el Centro Unesco de Cataluña, el sindicato de maestros USTEC y la Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica.
Todos estas entidades se reunirán con Mas y con la consellera de Enseñanza, Irene Rigau, con el propósito de cerrar filas en defensa del catalán en la escuela. La discrepancias lingüísticas encienden habitualmente los ánimos de los partidos políticas y acostumbran a desatar airadas acusaciones. Hoy la polémica está servida porque los defensores del bilingüismo no tardarán en protestar por este acto de desafío al Tribunal Supremo.
Las sentencias del Alto Tribunal se produjeron a raíz de los recursos de los padres de tres alumnos de Barcelona y Tarragona a los que la Generalitat impidió escolarizarse en castellano. El Supremo concluyó que el español debe ser «lengua vehicular de forma proporcional y equitativa en relación al catalán en todos los cursos del ciclo de enseñanza obligatoria», pero los partidos favorables a la inmersión (CiU, PSC, ERC e ICV) nunca se dieron por enterados y realizaron sendas declaraciones en favor del blindaje del catalán en la escuela.
Estos partidos se agarraron a que la sentencia del TS también abría la puerta a una discriminación positiva en favor del catalán en el caso de que la Generalitat apreciase «un déficit» en el proceso de normalización lingüística en Cataluña. Eso sí, el TS subrayó que la proporción debía ser «razonable». El PP insiste en una educación bilingüe.
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